El escenario económico y social en España, y por extensión en Álava es muy preocupante y requiere adoptar una nueva política económica alejada de la política de austeridad extrema que están llevando a cabo los gobiernos conservadores europeos (En España y en las Diputaciones Forales). La gestión de la crisis que está liderando la derecha está generando un desánimo general entre los ciudadanos y que se muestra impotente ante los actuales cambios que se están produciendo en la economía, en la sociedad y en la política.
Ante una situación tan crítica, reaccionamos desde el Partido Socialista redefiniendo una política económica diferente. Esto implica evitar que el peso del ajuste recaiga básicamente en la disminución del gasto público, es decir, en la reducción del tamaño del Estado. No hay problema de deuda por el excesivo gasto social, hay un problema de deuda porque recaudamos por debajo de nuestras posibilidades.
Los Socialistas creemos en un Estado moderno y eficiente como el mayor garante de la igualdad de oportunidades de sus ciudadanos y el mejor protector de los derechos de los trabajadores y los más desfavorecidos. Y en ese sentido, la opción de la socialdemocracia, la del PSOE pasa por un nuevo diseño y aplicación de un sistema fiscal más justo, que afronte no sólo las necesidades financieras de corto plazo, derivadas de la crisis económica, sino también los retos presupuestarios futuros (como es el coste del envejecimiento, la calidad de las prestaciones públicas o la sostenibilidad medioambiental).
Además, la reducción del actual déficit público no puede convertirse en el único objetivo de la política económica, entre otras cosas, porque nos está llevando a una espiral de crecimiento negativo y al incumplimiento de los objetivos de déficit que se pretende conseguir.
Se necesita un cambio radical de la actual política económica europea y española, de austeridad que está llevando a Europa a la recesión, mientras observamos como el modelo del presidente Obama con una política keynesiana de expansión de la demanda está consiguiendo mejores frutos de crecimiento y empleo para la economía americana.
En este sentido, y centrándonos en el Territorio Histórico de Álava, en el que tenemos competencias en el ámbito fiscal, defendemos el mantenimiento del estado del bienestar. Para ello, en primer lugar, es imprescindible aumentar los ingresos públicos acometiendo reformas en profundidad de las principales figuras tributarias, que creen una base sólida de carácter permanente y que evite los recortes en políticas sociales.
Las Propuestas en este sentido incluyen:
-Incrementar la progresividad de los impuestos sobre la renta, incorporando un tipo del 60% a las rentas más altas del IRPF.
-Creación de un nuevo impuesto sobre grandes fortunas y una recuperación de la imposición patrimonial y del impuesto de sucesiones, ya que en la actualidad la exención de ambos impuestos significa el blanqueo fraudulento de patrimonio.
-Mayor progresividad en el Impuesto de sociedades, en función de volumen y tamaño, suprimiendo las diferentes bonificaciones que sólo benefician a las empresas grandes, y manteniendo las relativas a I+D, para incentivar la economía, pero necesarias de un mayor control.
-Apoyo a la creación de un nuevo impuesto que limite los movimientos de capital financiero a corto plazo con fines especulativos. El impuesto a las transacciones financieras debe tener como mínimo un ámbito europeo para ser eficaz, y aunque debiera ser internacional, su finalidad no es únicamente recaudatoria sino que lo que persigue fundamentalmente es una mejor regulación del sistema financiero internacional cuya desregulación ha sido la mayor causante de la actual crisis económica.
-Definición de una fiscalidad sostenible, que introduzca criterios ambientales en impuestos existentes (como favorecimiento de la movilidad sostenible mediante deducciones en inversiones de ahorro de energía y de agua), o la creación de nuevos impuestos, como un impuesto sobre bolsas de plástico (ya establecido en Irlanda).
Pero toda esta reforma fiscal requiere simultáneamente intensificar la lucha contra el fraude y la elusión fiscal para que el sistema sea más justo y más eficaz y que la población lo perciba como tal. Para ello es necesario un incremento de la transparencia, que aumente el civismo de la población con respecto a sus deberes con la sociedad.
Entre las propuestas, contra el fraude fiscal se incluyen:
-Aumentar las inspecciones, incrementando el personal inspector. Que los perceptores de nóminas no sean los únicos cuyos ingresos están perfectamente controlados.
-Aumentar y mejorar las bases de datos fiscales, ordenada en función de los datos década contribuyente, de tal forma que cualquier administración fiscal conocería las oscilaciones patrimoniales de cada uno. Esto implica una coordinación fiscal de las instituciones. En Euskadi planes conjuntos de lucha contra el fraude de las Haciendas Forales
-Creación de un Observatorio Fiscal de Transparencia, en el que los ciudadanos puedan conocer qué impuestos concretos están pagando, qué carga tributaria están soportando y cómo se reparte esa carga –en cada impuesto y en conjunto de los mismos-, entre los contribuyentes.
-Publicación de una lista de defraudadores españoles y vascos, similar a la lista "Lagarde", protegiendo a los que cumplen con los deberes tributarios, y desprestigiando al que los elude.
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